miércoles, 12 de diciembre de 2012
lunes, 3 de septiembre de 2012
Ciclo de Cine "También la lluvia"
Lxs esperamos mañana martes 4 de septiembre a las 22:30hs en Casa Madre, Bombal 51También la lluvia es una historia inspirada en la Guerra del Agua que tuvo lugar en Cochabamba en Abril del 2000 y cuenta la historia de Sebastián y Costa, un director y un productor que quieren hacer una película sobre Cristóbal Colón que dé la vuelta al mito. La historia de un Colón obsesionado por el oro y represor de indios y también la de quienes lo denunciaron: los padres Bartolomé de las Casas y Antonio de Montesinos. Pero mientras ruedan en Cochabamba, estalla el conflicto por la privatización y ven
ta a una multinacional del sistema de aguas de la ciudad, la tristemente famosa (y real) Guerra del Agua del año 2000.
500 años después de Colón, palos y piedras se enfrentan de nuevo al acero y la pólvora de un ejército moderno. Solo que esta vez no luchan por el oro, sino por el más simple de los elementos vitales: el agua. Pasado y presente, ficción y realidad, se mezclan y toman forma a través de las decisiones y del enfrentamiento entre dos hombres jóvenes cuyas conciencias les guiarán hasta donde nunca hubieran imaginado. |
martes, 28 de agosto de 2012
Marcha!!!! LA 7722 NO SE TOCA!!!
El poder de los ganchos
El poder de los ganchos
(Ayer demandas, hoy exigencias)*
El día 14 de Agosto
representantes de la AMPAP
(Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura) junto con miembros de la Coordinadora Por
el Agua y los Bienes Comunes se presentaron ante la Suprema Corte de Justicia
provincial e hicieron entrega de las primeras 35 mil firmas de un petitorio por
la defensa de la ley 7722, la ley que protege el agua de Mendoza prohibiendo
“el uso de sustancias químicas como Cianuro, Mercurio, Ácido sulfúrico y otras sustancias
tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos”.
Desde la Asamblea por el agua San
Rafael, habiendo trabajado en la recolección de firmas y como parte integrante
de la AMPAP
queremos comunicar y reflexionar en torno a esta acción que apenas ha
comenzado.
Nuestras demandas
siempre han sido por el buen vivir, en defensa de los bienes comunes, por la
solidaridad, por la diversidad, por construir una alternativa al paradigma
extractivista, por la vida, por el agua. Esas demandas han conllevado grandes
luchas, y hace ya más de 5 años conseguimos nuestro mayor éxito: la sanción de
la ley 7722, la mejor arma contra la voracidad de las transnacionales
megamineras y su aceitado sistema de penetración en la esfera de nuestros
representantes políticos.
Como era natural,
una y otra vez los partidarios del saqueo han querido hacer a un lado el
obstáculo. Los embates han partido de las grandes empresas mineras y han tenido
como polea de transmisión a cada uno de los poderes en que se divide el Estado
republicano. Primero fueron los devaneos de Jaque con el lobby minero, y a
continuación, las idas y vueltas pragmáticas de Pérez, sus intrigas y sus
intermitentes intentos por reflotar el proyecto San Jorge y reabrir Sierra
Pintada. Al mismo tiempo una irrupción de legisladores pro-mineros que
ambicionan modificar la 7722 quitándole su espíritu y contenido originales. Y
por último un cúmulo de pedidos de inconstitucionalidad, entre los cuales es
importante resaltar el realizado por La Asociación de profesionales de la Comisión Nacional
de Energía Atómica y la
Actividad Nuclear (APCNEAN), han estado ingresando en la Suprema Corte para
hacer desaparecer nuestro mayor escudo legal. Una situación que adquiere mayor
peligrosidad si tenemos en cuenta que la supuesta panacea de la división de
poderes se convierte en una caricatura cuando nos detenemos a observar los
antecedentes políticos de los jueces encargados del dictamen. La participación
del juez Mario Adaro como ministro de Gobierno en la gestión de Celso Jaque y
la clara identificación oficialista del juez Carlos Böhm, quién fuera candidato
a intendente de Ciudad por el PJ en 2007, arrojan un manto de sospecha sobre la
independencia política con que cuenta la Sala II para decidir sobre la constitucionalidad
de la 7722.
Ante éste peligro
inminente, nuestras demandas son hoy exigencias. Estamos exigiendo que la Suprema Corte de
Justicia en pleno ratifique la constitucionalidad de la “ley del pueblo”, que
el poder legislativo provincial no introduzca modificaciones en ninguno de sus
artículos, que el poder ejecutivo provincial garantice su plena vigencia como
fue redactada, sancionada y promulgada y que cada uno de estos poderes al
decidir sobre la 7772 haga prevalecer el principio precautorio establecido en
el Artículo 41 de nuestra Constitución Nacional según el cual “todos los
habitantes gozan del derecho a un ambiente sano”. Cada uno/a de los/as 35.000
ciudadanos/as que estampo su firma en el petitorio tiene la misma exigencia.
¿Pero que
representa esta exigencia de 35 mil ganchos? En términos estrictamente
numéricos representa casi el 3% del padrón electoral provincial que en las
últimas elecciones ascendió a aproximadamente un 1.230.000 electores. Un número
nada despreciable si se tiene en cuenta que a nivel nacional la iniciativa
legislativa requiere un piso de un 1,5% del padrón. Lo que se infiere de esto,
es que si en la añeja constitución provincial existiera el método de proponer
leyes y la 7722 no existiera (que a juzgar por los hechos es lo que desean los partidarios
del saqueo) estaríamos en condiciones de enviar su proyecto a la legislatura.
En síntesis, en los parámetros de los mecanismos de democracia participativa la
ley es claramente legítima.
Pero hay mucho más
que números en nuestra exigencia. Lo que estamos señalando, y sacando a la luz,
es que es necesario democratizar la democracia. Sabemos de la infactibilidad de
una democracia directa pero creemos necesario aproximarnos lo máximo posible a
ello. Al corporativismo, el verticalismo y el ejercicio delegativo le queremos
oponer participación y control.
No existe
democracia si no es participativa, no existe Estado representativo mientras
perduré el corporativismo. Por eso estamos aquí, impulsando y haciendo uso de una ínfima posibilidad de control, una
pequeñísima pero fructífera acción en la construcción de una verdadera democracia.
Para edificar la misma es necesario romper el letargo y la apatía pero también
es imperioso que las formas de participación y control sean facilitadas por
nuestros representantes, o como mínimo que no sean bloqueadas. Dónde no existe
normativa debe crearse, y dónde está fue creada debe respetarse el derecho a
ser usada, porque se trata de la defensa de nuestros bienes comunes y no de
recursos naturales, por eso decimos: los ganchos son empoderamiento popular,
FIRMÁ Y SUMATE.
¡NO AL SAQUEO Y LA CONTAMINACIÓN DE
LOS BIENES COMUNES!
¡SÍ A LA SOLIDARIDAD , LA AUTONOMÍA Y LA PARTICIPACIÓN POPULAR !
Asamblea
por el agua de San Rafael
21
de agosto de 2012
“Para el poderoso
nuestro silencio fue su deseo. Callando nos moríamos, sin palabra no
existíamos. Luchamos para hablar contra el olvido, contra la muerte, por la
memoria y por la vida. Luchamos por el miedo a morir la muerte del olvido”.
Subcomandante Marcos
viernes, 10 de agosto de 2012
¡Defendamos Ley 7722!
La
ley provincial que protege el agua de Mendoza tiene varios pedidos de
incostitucionalidad por parte de varias empresas mineras y de la APCNEAN. La
Corte Suprema de Justicia de la
Provincia decidirá sobre el caso.
Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP) hemos decidido presentar firmas en favor de la continuidad de esta ley, que se han ido recolectando a partir del mes de julio y serán entregadas a la brevedad.
El recuento de firmas, que ya está siendo llevado adelante por nuestro compañeros en San Carlos, indican que ya vamos por las 35.000 firmas.
Sigamos participando: expresemos nuestra opinión y nuestra decisión: "NO A LA MEGAMINERÍA, SÍ AL AGUA PURA, SÍ A LA VIDA"
Noticia
El pasado sábado, 4 de Agosto de 2012 en la mañana, en el
auditorio de la Unión Empleados de Comercio, nos visitaron dos intendentes en
pleno acto de militancia. Militancia que debería ser imitada por el resto de
nuestros mandatarios.
Podría
hacer de este escrito una nota más sobre lo necesaria que es la defensa del
agua, y lo haré. Pero debo y quiero también dar otra lectura a lo acontecido.
Hablábamos
de dos intendentes
Uno,
justicialista k, el otro, demócrata; uno riojano, el otro mendocino, uno de
Famatina, el otro de San Carlos. Ambos unidos por una causa que es de nuestro
interés: la conservación de nuestro entorno, sistemas de producción e
industrias; resumiendo… de nuestra vida y de la de quienes vendrán.
Hablaron
de saqueo, de injusticia, de aprietes, de prebendas, de asistencialismo, de
clientelismos, de chantaje, de intereses cipayos. Hablaron de agua, de su
defensa, de los riesgos de no cuidarla.
Ismael
Bordagaray es un tipo simple, de discurso llano, se define como kirchenista
aunque hoy su convicción lo enfrente a su propio partido en la Nación y en su
provincia; aunque ese mismo partido que lo llevó a su mandato, y al que hoy
hace frente, lo combata de todas las formas, chicaneándole fondos
presupuestarios debidos por la Nación y su provincia y ninguneándolo en muchos
casos políticamente en sus funciones como intendente y representante de sus
electores. Es que la verdad trae consecuencias.
Bordagaray
habla de defensa del agua, de lo nociva que es la mega minería metalífera, pero
sobre todo habla de la determinación de los pueblos, habla de la obligación de
los funcionarios a oír y hacer oír esa voz y actúa en consecuencia. Habla de
respetar el deseo mayoritario de una localidad de no destruir el Famatina
porque entienden que ningún oro reparará el daño que su explotación causará. Al
frente y al lado de su pueblo milita y promueve esa voz, ese deseo de un futuro
pleno y en armonía con nuestro ambiente.
Decía
que fueron dos intendentes quienes nos visitaron en nuestro Departamento
invitados por la Asamblea por el Agua de San Rafael, La Voz de la Tierra,
Nativa ONG y Conciencia Solidaria. El otro era Jorge Difonso; sancarlino de
origen, milita desde el inicio de su vida política la defensa del agua y de
nuestra forma de vida en contra de la mega minería contaminante. Co autor de la
Ley 7722, que prohíbe el uso de contaminantes, ácidos y cianuro en la
explotación minera; ley que hoy es el dolor de cabeza de los cipayos entreguistas
del gobierno nacional y provincial, ya que ven frenadas las promesas hechas a
las multinacionales de un negocio redondo y sin trabas. Ley que hoy es
cuestionada como inconstitucional por las mineras y el aparato político
nacional y de muchas provincias dirigidas por corruptos y entreguistas que sólo
hacen negocio por espurios intereses propios. La Ley 7722 necesita hoy ser
defendida por aquellos que la propugnaron, por aquellos a quienes protege: el
pueblo. Gente como Bordagaray y como Difonso, son los que renuevan la idea de
que aún una democracia es posible, hacen su trabajo y respetan el mandanto
popular.
Dicen
que en japonés, crisis es sinónimo de oportunidad, quizás a los argentinos nos
hace falta tocar fondo para poder patear y salir a flote. Quizás debamos mirar
en esta nueva política, que surge de la disidencia constructiva, y con metas
claras y loables como la defensa de las cosas que realmente importan, ya sea
desde la oposición o desde el seno del mismo oficialismo.
Porqué
lo que realmente importa es lo importante. Y nuestro patrimonio cultural y
sustentable está ligado a eso. Defendamos el agua, madre de todas nuestras
riquezas.
* por
José Luis Bonomi
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